Existen diversos ámbitos desde los que se pueden analizar los niveles de participación que un grupo humano nacional puede tener dentro de este, sin embargo el factor común de ellos son la capacidad de tener poder de decisión sobre temas que competen a la ciudadanía como consumidor en todos sus ámbitos, este nación de participación es similar a decir que uno tiene la capacidad de hacer una medición de calidad de servicio político, educacional, empresarial, etc. Cuando existe falta de desarrollo en las instituciones públicas para otorgar capacidad de decisión a la ciudadanía es ya un conocimiento generalizado que se desarrollan asociaciones que buscan defender tales o cuales intereses ejerciendo presión por medios no convencionales, el caso más típico son las organizaciones de consumidores que velan por la calidad de servicio que se les ofrece, generando herramientas de defensa ante injusticias como también ejerciendo influencia en las decisiones de marca u publicitarias de las empresas. La medición de la calidad de servicio que se le presta a un sujeto, ya no queda a la merced de figura “tu palabra contra la mía” sino queda a la compensación de nuestro grupo de consumidores del bien, contra la empresa que los vende, esta conjuración además de tener un peso jurídico importante, significa un fuerte peso en términos publicitarios. La acusación de una organización de consumidores contra la calidad del servicio de una empresa, significa además de las represalias legales la publicación en la prensa local y depende del caso de la prensa nacional o internacional, tema que atenta directamente sobre la imagen de marca, este efecto es sujeto de medición para las mediaciones entre empresas y asociaciones lo que da margen para buenas indemnizaciones o negociaciones colectivas. Por otro lado, los procesos convencionales de participación están vinculados con la capacidad de la ciudadanía de proponer temas para discusión en el parlamento, este procedimiento permite que cuando existe un cierto nivel de repetición sobre temas que está proponiendo la ciudadanía, la obligación de generar el debate constitucional en el legislativo, así ante problemas serios en la burocracia, fallan en la calidad del servicio de estos, existe una medición externa que levantará problemáticas que pueden ser dañinas para la población. |
